La Justicia de huelga.

 

Hace semanas que los órganos de la Justicia andan revueltos. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, los que convocaron una huelga indefinida que, de facto, ha paralizado durante dos meses el funcionamiento regular de juzgados y tribunales. Tras conseguir una subida salarial estimable, el resto de funcionarios de los cuerpos generales, que ya habían manifestado a través de sus representantes sindicales que si el conflicto de los letrados concluía con un acuerdo que implicase un incremento de sus retribuciones, ellos pondrían en marcha un calendario de movilizaciones para mejorar sus emolumentos, empezaron a llevar a cabo una serie de paros intermitentes que han culminado en una convocatoria de huelga indefinida a partir del lunes de esta semana.

Mientras, y por su parte, las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, a la vista del éxito de la movilización protagonizada por los letrados, y sospecho que algo molestos ante la equiparación de las retribuciones de este colectivo con las propias, habían convocado un paro indefinido incluso antes de que tuviera lugar la primera reunión con representantes del Ministerio, lanzándole un órdago a la Administración que ponía a las claras su determinación. Huelga que fue desconvocada a petición del propio Ministerio ante los avances de la negociación que, finalmente, también ha concluido con un acuerdo, firmado este mismo martes, que se traduce igualmente en una mejora de sus retribuciones que, todo sea dicho, se ha considerado insuficiente por parte de la asociación mayoritaria de esos mismos jueces y magistrados que, de hecho, se ha negado a firmar el acuerdo.

Pero es que, concluido el conflicto con el colectivo de los letrados, este, a través de una carta dirigida a las ministras de Hacienda y Justicia por el Colegio Nacional de LAJ, la Unión Progresista de LAJ y la Asociación Independiente de LAJ, mostraba su descontento por el 'trato cordial' que el Ministerio estaba brindando a los otros colectivos en conflicto, reclamaba a Justicia la inmediata devolución de las cantidades retenidas durante la huelga, dado que a los jueces y a los fiscales les iban a subir el sueldo sin haber tenido que parar ni un sólo día, y consideraba la posibilidad de retomar sus reivindicaciones y sostener 'cuantas medidas de conflicto sean necesarias' si no se les hacía partícipes de 'cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique de forma genérica e indiscriminada al conjunto de los cuerpos generales o especiales, así como a los jueces y fiscales'.

Es decir, que ya no se trataba sólo de que les subiesen a ellos el sueldo, y de que cualquier merma en sus retribuciones durante la huelga quedara sin efecto, que sería una buena muestra de la vuelta a la cordialidad tras una negociación a cara de perro, sino además, de que no se les subieran las retribuciones al resto de profesionales de la Administración de Justicia, incluidos jueces y fiscales, si ellos no se iban a beneficiar también de una segunda subida salarial. Con lo que, después de leer la carta, las ministras deben estar pensando que lo que deberían haber hecho era congelarles el sueldo y así todo el mundo contento, jodido, pero contento.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, al ceder a la reivindicación de los secretarios, parece haber puesto en marcha una escalada de conflictos que podría prolongarse indefinidamente. Porque, si ya le han subido el sueldo a los jueces y los fiscales, que a su vez ya habían protestado por la equiparación retributiva que pretendían los letrados, es de suponer que, siendo consecuentes con el contenido de su misiva, y con su pretensión de cobrar el 85% de lo que cobra un juez, los secretarios podrían iniciar mañana mismo otro paro indefinido que traería como lógica consecuencia que los jueces y fiscales volviesen a amagar con una movilización encaminada a mejorar sus emolumentos, caso de ser atendidas las pretensiones de los secretarios. Todo ello sin perjuicio de que el resto de funcionarios de la Administración de Justicia haya quedado atrapado en una espiral en la que los únicos sueldos que no suben son los suyos, en cuanto son el eslabón más débil de la cadena y les resulta mucho más difícil mantener medidas de presión que repercutan sobre sus nóminas.

Por otro lado, es de suponer que subirle el sueldo a los gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial cabrearía todavía más a los letrados, dándoles un motivo añadido para ir otra vez a la huelga. Y es que una cosa es que no se terminen de equiparar sus retribuciones a las de los jueces, porque en cuanto se ponen a su alcance, les suben el sueldo a los jueces, sin mediar huelga ni nada, en una especie de carrera de Aquiles y la tortuga, y otra que las de los funcionarios del resto de cuerpos se acerquen a las suyas. Que vale que no les traten con la cordialidad que se merecen y que los jueces y fiscales se aprovechen de los efectos de la huelga protagonizada por ellos sin merma alguna de sus emolumentos, pero que se les equipare a sus subordinados en el plano retributivo entra ya en el terreno de la provocación.

Siempre me ha resultado chocante que determinados colectivos puedan recurrir a la huelga como si se tratase de trabajadores ordinarios. Quizá el ejemplo más recurrente sea el de los controladores aéreos. Pero no es el único. Porque se trata de colectivos que ya perciben retribuciones muy superiores a las del resto de trabajadores y con un poder de negociación del que carece el común de los asalariados. Pero cuando esta medida de conflicto colectivo afecta a uno de los poderes del Estado, la cosa me resulta todavía más llamativa.

Porque jueces y magistrados conforman el Poder Judicial, que junto con el legislativo y el ejecutivo, constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho. De hecho, no tienen reconocido explícitamente el derecho de huelga y ni siquiera existe un mecanismo para descontarles de sus nóminas las retribuciones correspondientes a los días de paro. Con lo que, al final, teóricamente la huelga podría salirles gratis.

Además, cuentan con su propio órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que, en este asunto, para poner más en cuestión su ya cuestionada legitimidad, ha preferido ponerse de perfil, limitándose a aprobar un texto en el que considera necesario 'revisar y actualizar las retribuciones adecuándolas a los principios, cuantitativos y cualitativos, recogidos en la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial'. Algo en lo que probablemente todo el mundo esté de acuerdo. Hasta los secretarios judiciales, siempre que las suyas se revisen y actualicen a continuación en la misma medida, por supuesto.

Pero lo cierto es que paralizar por tiempo indefinido el funcionamiento de la administración de justicia tiene una repercusión especialmente grave sobre el funcionamiento regular de las instrucciones de un estado democrático y sobre los derechos de sus ciudadanos. En particular sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Un derecho ya de por si bastante maltrecho sin necesidad de huelgas ni paros indefinidos, al menos en la jurisdicción que yo conozco.

De facto, eso es lo que ha sucedido en este caso. Juzgados y tribunales han quedado paralizados por la voluntad deliberada de los letrados de la Administración de Justicia que, con su huelga indefinida, han propiciado, entre otros efectos, la suspensión de cientos de miles de juicios que, concluida la huelga, habrá que señalar nuevamente y que, dado el funcionamiento decimonónico de las agendas judiciales, podría llevar los pleitos que se han suspendido al final de una cola que, en el mejor de los casos, tratándose de juicios por despido, es de año y medio, y, si hablamos de reclamaciones de cantidad, se puede ir a los tres años o más.

Probablemente, la mayoría de los trabajadores piensa que merece una retribución mayor de la que percibe por su trabajo. Y, si no, que levante la mano quien no piense o haya pensado alguna vez que deberían subirle el sueldo. Y, claro, la percepción que tenemos de lo que ganamos está en función de lo que ganan quienes nos rodean, aunque también de lo que nos cuestan las cosas que necesitamos o nos apetece tener (porque las tienen los demás, esos que ganan más que nosotros). Pero que nosotros estemos mal retribuidos no significa necesariamente que los demás perciban el salario que merecen.

Y viceversa. Me explico, he conocido algún letrado de la administración de justicia que merecería cobrar más que algunos jueces. Y jueces a los que, sencillamente, habría que bajarles el sueldo. 

Pero, cuando tenemos mucho trabajo (y los jueces lo tienen), por más que nos suban el sueldo, sabemos que, sólo por eso, nuestras condiciones laborales no van a mejorar. Y, es más, siendo honesto con uno mismo, cada cual también sabe que llega un momento en que no va a poder dar más de sí, como no sea renunciando a tener una vida (si es que no ha renunciado ya a ella). Por eso me resulta descorazonador que con el grave problema de medios y carga de trabajo que pesa sobre la Administración de Justicia, todas las reivindicaciones de los jueces parezcan haberse saldado con una subida salarial. Y lo único que parezca preocuparle al Consejo General del Poder Judicial sea que no lo hayan invitado a la firma del acuerdo entre el Ministerio y las asociaciones de jueces y fiscales.

La triste realidad es que, además de que el acuerdo firmado este martes no va a disminuir la carga de trabajo ni va a hacer que nadie trabaje más, bien porque no quiera o porque no pueda, los juzgados y tribunales van a seguir otorgando a los ciudadanos una tutela judicial tardía, nada efectiva y fruto de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que, por cierto, como el funcionamiento anormal de cualquier administración pública, en la medida en que ocasiona un daño al justiciable, es indemnizable, y, si las reclamaciones de los perjudicados se llevarán hasta sus últimas consecuencias, tendría un coste para las arcas públicas muy superior al de cualquier subida salarial fruto de la reivindicación de letrados, jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia.