La
cosa no pinta nada bien. Y es que hay autos judiciales que hacen que se le
atragante el desayuno a cualquiera. Madre mía, con lo que ha sido este hombre
y, de golpe y porrazo, el padre de la alianza de civilizaciones se convierte en
el primer presidente imputado de la historia de la democracia en España.
Y
mira que, cuando lo vi, delante de un seto imagino que en el jardín de su casa,
proclamando su inocencia y ofreciéndose a colaborar con la justicia con gesto
compungido, pensé que todo esto había sido un error. Porque, si a mí me
imputasen un delito de la gravedad de los que se le imputan al expresidente, en
lo último que yo pensaría sería en colaborar con la justicia, dado que la única
manera que se me ocurre de colaborar es declarándome culpable. Y eso creo que
es incompatible con defender tu inocencia.
Luego,
me dio por pensar que no sabía lo que hacía cuando hizo lo que quiera que
hiciese. Y que cree honestamente en su inocencia porque solo ha ofrecido su
experiencia acumulada por haber ejercido las más altas responsabilidades
gubernamentales como expresidente del gobierno. De hecho, como consejero nato
con carácter vitalicio del Consejo de Estado habría hecho eso mismo y le
habrían aflojado 119.778,17 euros al año, que no está mal (a lo que debe
sumarse secretaria, coche oficial y chófer). Pero está claro que la privada
paga mejor que la pública, y por eso José María Aznar aceptó el cargo en 2005 y
renunció al año siguiente, Felipe González ni siquiera llegó a tomar posesión y
Zapatero ocupó el puesto tres años y se marchó después.
Pero
si, no hace tanto tiempo, este hombre, siendo Presidente del Gobierno, no sabía
lo que costaba un café en la calle y habría necesitado por lo menos dos tardes
para aprender los rudimentos más elementales de la economía del país. Seguro
que no tenía ni idea de lo que era el tráfico de influencias. Las multas de
tráfico, el tráfico de drogas, todavía, pero el tráfico de influencias, seguro
que no. Es que, por más que me esfuerzo, no me lo imagino creando una sociedad
opaca en Emiratos Árabes.
Si
ya lo dijo Felipe González, un expresidente del gobierno es como un jarrón
chino, es muy valioso pero nadie sabe dónde ponerlo. Pero, a lo mejor, tampoco
hace falta. Porque, por lo visto, algunos jarrones saben muy bien dónde tienen
que colocarse para ejercer su influencia sin que nadie les busque un sitio, ni
en el Consejo de Estado ni en ningún otro lugar.
Pues
si, alguien tendría que dedicar un par de tardes a explicarles a los
presidentes del gobierno, antes de que pasen a ser miembros vitalicios del
Consejo de Estado, unas nociones básicas de ética o, por lo menos, de estética.
Más que nada para evitar el bochorno de verse uno en los medios ofreciéndose
desde el jardín de su casa a colaborar con la justicia.
Porque
lo que no me cuesta tanto trabajo imaginar es a un juez de instrucción
analizando movimientos contables, transferencias internacionales, mensajerías
varias y sofisticadas ingenierías societarias y viendo como los hechos van
encajando en un tipo penal determinado o en varios, como en un tetris
endiablado.
Pero
aquí, como en todas partes, hay gente más espabilada que otra. Y es posible que
haya habido más de un expresidente, que se yo, ejerciendo su influencia u
ofreciéndose a protagonizar conductas susceptibles de generar directa o
indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
Así
que, visto lo visto, sólo se me ocurre una solución a este galimatías de
influencias postpresidenciales: la irrenunciabilidad del puesto de consejero
nato del Consejo de Estado. De forma que, al día siguiente de ser investido el
nuevo presidente, el saliente sea conducido por la fuerza pública a la sede de
este órgano consultivo para tomar posesión de su nuevo puesto y empezar, de
forma inmediata, a prestar servicios a la nación o, lo que vendría a ser lo
mismo, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, no sólo aportando toda
su experiencia al frente del ejecutivo, sino garantizando, de esta manera (dado
el severo régimen de incompatibilidades que imposibilitó, por ejemplo, que José
María Aznar pudiese ser consejero de la empresa de medios de Rupert Murdoch y a
la vez consejero de Estado), que no va a prestar servicios a particulares con
intereses susceptibles de entrar en conflicto con los del común de la
ciudadanía.
Y
si quieren renunciar a su retribución, porque con este honor y lo que cobran
como expresidentes (74.580 euros) se dan por retribuidos, pues no hay
inconveniente, pero, en todo caso, nada de secretaria, coche oficial ni chófer,
que la amistad entre Ábalos y Koldo se fraguó en la carretera y ya sabemos cómo
terminó todo aquello.