Condenados a entendernos

            Esta semana se ha constituido el nuevo Parlamento y, con ello, se inicia una legislatura en la que la necesidad de que las fuerzas políticas representadas lleguen a acuerdos resultará crucial para su devenir, aunque la sombra de unas elecciones anticipadas y la sensación general de que esta legislatura puede terminar mucho antes del plazo de cuatro años constitucionalmente previsto, augura un panorama plagado de incertidumbres.

            No obstante, esa realidad innegable invita a reflexionar sobre la función del Parlamento y el mensaje que el escrutinio de los votos depositados en las urnas el día de las elecciones manda a la clase política, ya sea de viejo o de nuevo cuño.

            Frecuentemente, después del escrutinio, cuando el recuento de votos arroja un resultado incuestionable, los líderes políticos suelen especular sobre el significado de ese resultado y el ‘mandato’ de la ciudadanía, que todos se apresuran a hacer suyo, bien argumentando que la mayoría (relativa) ha votado al propio partido o que la mayoría se ha decantado por el ‘cambio’, aunque esa voluntad de cambio se haya plasmado en un abanico de opciones políticas (muchas de ellas minoritarias) que no tienen en común (todas ellas) nada más que su deseo de desmarcarse (por unas u otras razones) de la opción más votada.

            Sin embargo, lo cierto es que, aunque cuando el ciudadano acude a las urnas el día de las elecciones lo hace con el deseo de que la opción por la que, finalmente, se ha decantado gane claramente y se consolide como partido de gobierno, el mensaje del escrutinio es otro y no lo lanza un ciudadano concreto ni siquiera un grupo de ciudadanos o los electores que han votado masivamente al partido vencedor de los comicios. Y ese mensaje debe extraerse del propio escrutinio y, aunque fácil de entender, puede resultar difícil de digerir; porque lo que viene a decir es que, para investir a un presidente, formar un gobierno, aprobar una ley de presupuestos o legislar sobre cualquier materia, habrá que ponerse de acuerdo con ‘los otros’, esas opciones políticas a las que, frecuentemente, se ha demonizado durante la reciente campaña electoral.

            Ahora no caben especulaciones sobre el descontento social o el mensaje de la calle, tampoco sobre las encuestas o la forma en que la ciudadanía percibe la evolución de la economía o la percepción social de la corrupción. El resultado de las elecciones ha colocado a cada uno en su sitio, y no queda más remedio que aceptarlo humildemente, lo cual significa ser conscientes de que para lograr la confianza de la cámara habrá que pactar, y para sacar adelante cualquier proyecto legislativo también. Por ello, si, en lugar de eso, quienes no han obtenido una mayoría suficiente para formar un gobierno estable, se dedican a hacer quinielas sobre el eventual resultado de unas nuevas elecciones (resultado que, por lo demás, no tendría por qué diferir mucho del anterior) con la esperanza de consolidar mayoría relativas o finiquitar opciones políticas en liza por un determinado espacio ideológico, el ‘mandato ciudadano’ (que lo es de la ciudadanía en su conjunto) se habrá visto desobedecido y la ciudadanía traicionada por quienes, con independencia de su signo político, la representan.

            Dicho lo cual, es necesario precisar que ponerse de acuerdo no consiste en investir un presidente y apoyar un gobierno sin condiciones y hasta el agotamiento del mandato parlamentario; ni que los acuerdos se fragüen entre dos o tres y que, esos dos o tres, sean siempre los mismos. La mayoría puede estar de acuerdo en reformar el sistema educativo, o reforzar el sistema sanitario público, en diseñar una determinada política migratoria o emprender una acción conjunta con otros países contra el terrorismo yihadista; pero esa mayoría no tiene por qué ser siempre la misma, ni esos acuerdos ser ratificados por los mismos grupos parlamentarios.

            Y, en este sentido, pretender imponer una determinada opción, desde una posición minoritaria, chantajeando al adversario político o condicionando otros apoyos a la adhesión incondicional a las propias tesis es, precisamente, lo contrario de la democracia.

El miedo y la salvaguarda de nuestra libertad

            El atentado de París del fin de semana pasado ha traído otra vez a la primera plana de los periódicos el fenómeno del terrorismo yihadista en Europa, irrumpiendo a sangre y fuego en la noche de un viernes cualquiera en los restaurantes y las calles, una sala de conciertos y un estadio de fútbol de la capital de nuestro país vecino, donde las selecciones de Francia y Alemania se enfrentaban en un partido amistoso bajo la mirada del Presidente de la República.

            Todos los días, gentes anónimas mueren víctimas de la violencia y el terrorismo en lugares no muy alejados, geográficamente hablando, del de los atentados del viernes pasado. No obstante, nos resulta imposible percibir igual unos y otros estragos, aunque el coste en vidas humanas sea el mismo o, seguramente, en nuestro caso, muy inferior, si nos atenemos al recuento oficial por un lado y a las cifras oficiosas, por otro, de esos lugares en los que el número de muertos se incrementa vertiginosamente de día en día, y no solamente por la evolución desfavorable de los heridos por las bombas y los disparos indiscriminados en una refriega aislada o una acción terrorista puntual.

            Sin embargo, París es una capital europea, similar a cualquier ciudad populosa del resto de Europa, en la que los viernes por la noche sus habitantes se relajan saliendo a cenar a un restaurante, acudiendo a un concierto o asistiendo a un partido de fútbol, el deporte europeo por excelencia. Y se da la circunstancia de que el terrorismo ha venido a golpear a esa sociedad en ese momento preciso, irrumpiendo en restaurantes y escenarios de actividades lúdicas, particularmente representativas de nuestro estilo de vida.

            Así pues, el acto terrorista no se ha perpetrado en esta ocasión contra un objetivo militar, ni tenía en su punto de mira a una autoridad civil, ni siquiera se ha materializado en la sede de un periódico, sino que iba dirigido contra los ciudadanos de a pie de un país occidental que hacían uso de su tiempo libre como nos gusta hacer a cualquiera de nosotros en nuestras respectivas ciudades, lanzando así una advertencia que trata de mediatizar, a través del miedo, el comportamiento de esos ciudadanos, cuyas libertades se han visto, inmediatamente, condicionadas por las medidas adoptadas por el propio Estado, que so pretexto de velar por su seguridad, se ha apresurado a declarar el estado de urgencia con la consiguiente suspensión de derechos y libertades.

            Las medidas adoptadas, seguramente necesarias, y la intensificación de los bombardeos sobre el Estado Islámico, tal vez contribuyan a prevenir nuevos atentados y acciones terroristas, pero es imposible que, por si solas, consigan soluciones duraderas a medio y largo plazo.

            Probablemente, el problema de fondo radica en que los autores materiales de los actos violentos no se sienten identificados en absoluto con ese estilo de vida, no acuden a conciertos ni salen a cenar a restaurantes, probablemente porque no han tenido nunca la posibilidad de hacerlo, tampoco se identifican con un deporte cuya práctica está reservada a un grupo de privilegiados, ni sienten ninguna simpatía por la selección nacional, a pesar de ostentar la nacionalidad francesa y haberse criado en el suelo patrio de sus convecinos, pero excluidos, marginados, víctimas de la desigualdad, la pobreza y el desempleo, y por ello propensos a la violencia y, ahora, fáciles de captar por quienes puedan dar salida a su frustración y deseos de revancha contra una sociedad que les ha negado el futuro.

            Reconducir la situación a estas alturas, plantearse la necesidad de un programa de regeneración social que consiga integrar a los jóvenes de las ‘banlieues’ que a finales de 2005 salieron de sus guetos para irrumpir violentamente en las calles supone un reto descomunal para el gobierno de la República, pero se revela imprescindible si no se quiere sucumbir al empuje devastador de los desarraigados.

            Mientras tanto, muchos defensores de los valores de la patria, miran con desconfianza y temor creciente hacia las fronteras de la Unión Europea y, poco a poco, empieza a difundirse la idea de que nuestra seguridad depende, en buena medida, de que seamos capaces de blindar ese territorio contra una oleada interminable de desesperados entre los que se esconde un enemigo sin rostro. Como si el enemigo no estuviera ya viviendo, aun precariamente, entre nosotros y exigiendo a tiros lo que otros suplican desde las embarcaciones que naufragan diariamente frente a nuestras costas.

            De ahí la necesidad de una respuesta concreta y audible y de una asunción real de responsabilidades, comprometida con la integración y no meramente burocrática, basada en los registros de entrada y la identificación de los refugiados, porque la realidad es que si no somos capaces de integrar a los que ya están aquí y llevan lustros viviendo en nuestro territorio, difícilmente podremos acoger a otros y brindarles una oportunidad real que vaya más allá del compadecimiento pasajero.