El Tribunal Supremo ha tenido una revelación

 

El Fiscal General del Estado ha sido condenado por un delito de revelación de secretos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesta por juristas de reconocido prestigio y expertos conocedores de la ley.

Pero yo, que soy un poco berzotas, he tenido que acudir al diccionario para tratar de aclararme en este asunto, porque la verdad es que, después de conocer el fallo, me cuesta trabajo entender este tipo penal, hasta el punto de que, yo mismo, temo que haya podido perpetrarlo alguna vez en el pasado o, si no lo he hecho ya, pueda hacerlo en cualquier momento en el futuro.

La primera entrada del diccionario define secreto como una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Hasta aquí está claro, porque el señor Alberto Quirón tenía un secreto. Bueno, dos en realidad, el primero es que había ganado un dinerito curioso con la venta de mascarillas durante la pandemia por el que debería haber tributado, pero, en vez de eso (y este es el segundo), prefirió estafarle 350.000 euros al erario público.

Y esto era un secreto, hasta que dejó de serlo, porque alguien lo descubrió, y luego se filtró a la prensa y todo el mundo se enteró y a este pobre hombre le entraron ganas de suicidarse o, alternativamente, marcharse de España. Pero, en vez de eso, decidió comprarse un ático en pleno centro de Madrid, haciendo caso del consejo del Presidente de la Sala, que, sabiamente, le recomendó que no hiciera ninguna de las dos (primeras) cosas anteriores.

La segunda entrada define el secreto como sinónimo de reserva, sigilo o discreción. Y aquí empiezan las dudas, porque aquí el que más y el que menos ha pecado de indiscreto. Algunos al difundir toda clase de infundios y especulaciones sobre la iniciativa del acuerdo con la fiscalía y el origen de la filtración. Pero, claro, es que estamos hablando de periodistas y no de notarios, que son unos señores muy serios que no tienen ningún problema en revelar sus fuentes. No como algunos periodistas tiquismiquis que, amparándose en el secreto profesional (otro secreto), mienten como bellacos y, encima, amenazan al tribunal diciendo que conocen la fuente de la filtración pero que no la pueden revelar. Pues, si no va a decir usted nada, no me amenace con echar abajo la instrucción y dejarnos a mí y a mis amigos jueces como una panda de payasos, revelando la fuente, ni hable de dilemas morales, que ya bastante tenemos nosotros con lo nuestro. A ver si se cree que nos gusta condenar a inocentes, cosa que sólo hacemos cuando no nos queda más remedio.

Tercera entrada: conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio. Pues aquí he de reconocer que sólo los jueces que, con una celeridad sorprendente, han dictaminado la culpabilidad del Fiscal General del Estado, están en posesión de ese conocimiento arcano. Y, encima, no quieren compartirlo. Por eso han adelantado el sentido del fallo, la pena y hasta el importe de la indemnización al perjudicado, 10.000 eurillos (para comprar unas plantas que adornen el ático y ayuden a ese señor a quitarse de la cabeza esos pensamientos suicidas que lo atormentan desde hace un año), pero no el razonamiento que les ha llevado a ese veredicto de culpabilidad. Si fuera malpensado, pensaría que ya habían tomado una decisión antes de que empezase, quiero decir, de que terminase el juicio.

Misterio, cosa que no se puede comprender (cuarta entrada). Pues si, por más que me esfuerzo, no logro comprender cómo se puede ser culpable de revelación de secretos, cuando esa información reservada en cuestión la conocía hasta la señora de la limpieza que trabaja en las dependencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Al final va a ser verdad que los jueces están desvinculados de la realidad. Y es que, por lo visto, el mundo del derecho está en un universo paralelo ajeno a las filtraciones.

Negocio muy reservado, me remito a lo dicho sobre la primera entrada.

Escondrijo que suelen tener algunos muebles para guardar papeles, dinero u otras cosas (entrada número seis) y, en algunas cerraduras, mecanismo oculto, cuyo manejo es preciso conocer de antemano para poder abrirlas. A lo que podríamos añadir ordenador o teléfono móvil y sus claves de acceso, en los que cualquier pardillo creería que puede ocultar sus fechorías. Hasta que llegó la Organización de Consumidores y Usuarios, más conocida por sus siglas en inglés (UCO), y decidió clonar el disco duro y el móvil del General, que, muy hábilmente, había borrado sus mensajes. Ingenuo. Si no encontramos rastro de tus mensajes porque los has borrado, pues eso es como si los hubieras escrito y, encima, podemos imaginar todo lo que decías en ellos y hasta que había contenidos pedófilos. Investigación prospectiva, dice el tío. A qué todavía te va a caer una imputación por corrupción de menores.

Séptima entrada: despacho de las causas de fe, en las cuales entendía secretamente el antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición y secretaría en que se despachaban y custodiaban estas causas. Sin comentarios. Pero me encantaría haber podido asistir a las deliberaciones del tribunal y escuchar de viva voz a sus señorías dando razones y argumentos para llegar a su veredicto, fijar la condena y el importe de la indemnización. Pero habrá que esperar a la sentencia. Que le vamos a hacer. También hay que entender las razones de sus señorías, que temían que se produjera otra filtración. Y, lo que faltaba, lo mismo tenían que empezar a imputarse entre ellos y terminaban todos inhabilitados y condenados a indemnizar al Fiscal General del Estado. Y se vulnera el principio de presunción de inocencia y toda la instrucción se viene abajo y el Fiscal se va de rositas, que todo puede suceder. Y si no que se lo digan al abogado del señor Alberto Quirón.

Pieza aplanada del cerdo posterior a la paleta. Que fue lo que se pudo tomar el Fiscal para comer el día de autos. Y es lo único que nos ha quedado por saber de la vida y milagros del Fiscal después de que la Organización de Consumidores y Usuarios dictaminara que tenía el “dominio total de la acción” a “todos los niveles”. Vamos que también mató al cerdo y luego lo pudo desollar (que según la RAE es causar a alguien grave daño en su persona, honra o hacienda) y comérselo con patatas.

Y última entrada (Secreta), examen para tomar el grado de licenciado, que algunos magistrados del Tribunal Supremo podrían repetir dentro de una estrategia de evaluación de su desempeño, muy cuestionado últimamente sin motivo aparente.

Así que, visto lo visto, y puesto que no hay que dudar de la profesionalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, sino de la defectuosa técnica legislativa que caracteriza al parlamentarismo moderno, propongo que se introduzca un artículo 417 bis en el Código Penal en el que se incluya un nuevo tipo delictivo, que sería la revelación del secreto a voces, que es, siempre según la RAE, un secreto que se confía a muchos o, también, aquel misterio que se hace de lo que ya es público.